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| Julio César Strassera | |
|---|---|
![]() Strassera en 2011.
|
|
| Nombre | Julio César Strassera |
| Nacimiento | 1933 |
| Educación | Abogado |
| Ocupación | Abogado, Fiscal, Juez |
| Conocido por | Juicio a las Juntas |
Julio César Strassera (n. en 1933) es un abogado argentino que fue el fiscal a cargo del juicio contra las juntas militares que gobernaron la Argentina entre 1976 y 1983, periodo durante el cual se desempeñó como fiscal federal.
Contenido |
En el año 1976, Julio César Strassera fue nombrado Secretario de Juzgado. Durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” fue promovido como Fiscal General.
Strassera durante los primeros años del gobierno militar se encargó de Hábeas Corpus solicitados por presos políticos, muchos de ellos denegados.[2] Uno de esos Hábeas Corpus denegados fue el que pidió para sí el ex gobernador de la provincia de Santa Cruz, Jorge Cepernic, dirigente cercano a la organización Montoneros.[3] Cuando Cepernic fue detenido se lo puso a disposición del Poder Ejecutivo, al tiempo que le fueron confiscados todos sus bienes. Julio César Strassera dijo el 19 de marzo de 1979, cuando era Fiscal Federal acerca de el pedido de
“(…) la privación de libertad (…) encuentra su legitimidad en la misma Constitución Nacional -indudablemente reformada por el Estatuto del Proceso de Reorganización Nacional y el Acta- de tal suerte que el artículo 2º, inciso e) de ésta última constituye una norma de idéntica jerarquía que la contenida en el artículo 23 de aquella, en cuanto faculta al Poder Ejecutivo Nacional para arrestar personas a su exclusiva disposición, en tanto las circunstancias excepcionales por las que atraviesa el país así lo aconsejen. En consecuencia parece claro que impugnar la Resolución Nº2 de la Junta Militar so color de repugnar a la Constitución Nacional resulta inadmisible pues (…) ello equivale a afirmar que la Constitución es inconstitucional”.[4]
Asimismo, siendo fiscal tomó declaración a Lidia Papaleo,[5] en relación a la causa de la vinculación de David Graiver y la agrupación Montoneros. La detenida era una detenida clandestinamente, y estaba internada en el hospital debido a las torturas, esposada a la cama,[6] [7] por lo que le solicito un Hábeas Corpus, que también fue negado.[8] [9] Además, en la misma declaración Lidia Papaleo le habría declarado a Strassera acerca de las torturas y vejaciones y el fiscal se negó a incluirlo en la declaración.[10] Como fiscal intervino también en el caso del asesinato de sacerdotes y seminaristas conocido como "Masacre de San Patricio" y solicitó el sobreseimiento provisional de la causa por no haber elementos para individualizar a los autores, lo cual fue aceptado por el juez Rivarola. Siete años después la causa se reabrió por el juez Biondi por pedido del padre Cornelio Ryan, Delegado Provincial de la Comunidad palotino irlandesa, que solicitó se tomara en cuenta el testimonio de los 2 jóvenes que observaron parte del operativo.[11]
En 1981, Strassera fue designado Juez de Sentencia.
En el famoso Juicio a las Juntas de 1985, Strassera fue el fiscal acusador que lo condujo. Este juicio, resultado del decreto número 158/83 del gobierno de Raúl Alfonsín, según lo exigía el entonces Código de Justicia Militar, se realizó contra nueve integrantes de las Juntas Militares (incluyendo jefes de estado) que gobernaron Argentina durante el autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” entre 1976 y 1983 que terminó con la condena de cinco de ellos, la mayor parte a cadenas de prisión perpetua. Fue el primer proceso masivo en contra comandantes militares por el asesinato masivo de personas desde los Juicios de Núremberg, el único en el mundo hecho por tribunales civiles.
El 4 de octubre de 1984 la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal (tribunal civil) tomó la decisión de desplazar al tribunal militar que estaba enjuiciando a las juntas para hacerse cargo directamente al mismo, como autorizaba la ley 23.049 aprobada en febrero de ese año. Los fiscales fueron Julio César Strassera asistido por Luis Gabriel Moreno Ocampo. El juicio se realizó entre el 22 de abril y el 14 de agosto de 1985. Se trataron 281 casos.
En el juicio Strassera realizó de viva voz la acusación pública contra los dictadores, que constituye un documento histórico y una pieza fundamental en la defensa de los derechos humanos.
Strassera cerró su alegato con esta frase:
Señores jueces: quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. Quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces: "Nunca más".
El 9 de diciembre se dictó la sentencia condenando a Jorge Rafael Videla y Eduardo Massera a reclusión perpetua, a Roberto Viola a 17 años de prisión, a Armando Lambruschini a 8 años de prisión y a Orlando Ramón Agosti a 4 años de prisión. Por las características que tuvo, la condena a las juntas militares realizada por un gobierno democrático constituye un hecho sin precedentes en el mundo, que contrastó fuertemente con las transiciones negociadas que tuvieron lugar en aquellos años en Uruguay, Chile, Brasil, España, Portugal y Sudáfrica.
Después del juicio, Strassera fue representante argentino ante los organismos de derechos humanos con sede en Ginebra y con motivo de los indultos de los militares dispuestos por el presidente Menem, se retiró de la función pública y se dedicó a ejercer su actividad como abogado y a participar activamente de la actividad de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), organización de la que forma parte integrando su presidencia.
En 2006 defendió a Aníbal Ibarra en el juicio político por el que fue removido de su cargo de Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a causa del incendio sucedido en la discoteca Cromagnón.
A pesar del apoyo del kirchnerismo a la derogacion de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida en 2003, a fines de 2008 Strassera acusó al gobierno nacional de no querer acelerar las causas por delitos de lesa humanidad.[12]
"Estas causas son muy complicadas. Pero el Poder Ejecutivo no las quiere tratar porque le conviene prolongarlas ya que las quieren usar como bandera de los derechos humanos, de la que se ha adueñado".[12]
En esa ocasión también afirmó:
[...]"si las elecciones de 1983 las hubiera ganado este oficialismo, no hubiera habido ningún juicio contra los militares".[12]
Finalmente, entre 2009 y 2010 se iniciaron los juicios por los que hay más de 400 procesados.